El pasado 13 de abril, la Cámara de Diputados aprobó casi por unanimidad –189 a favor y uno en contra– una modificación a la Ley de Quiebras y Concursos que regula la situación de aquellas empresas recuperadas por sus trabajadores. El espíritu del proyecto es evitar el cierre y asegurar las fuentes de trabajo. Se estima que a mediados de mayo será tratado en la Cámara alta, donde se descuenta que también será aprobado, teniendo en cuenta al alto consenso con el que llega desde Diputados.
De acuerdo con un relevamiento efectuado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, desde la crisis del 2001 han surgido más de 200 empresas recuperadas, que aglutinan a cerca de 7.000 trabajadores. La sanción de una nueva normativa es un reclamo que desde hace años sostienen todas las asociaciones vinculadas a este proceso y que posibilitará modificar tanto su situación legal como facilitarles mejores condiciones para su sustentabilidad y desarrollo. “Uno de los grandes problemas que tienen las empresas recuperadas es la cuestión de la precariedad jurídica en lo que tiene que ver con la propiedad, porque sin ella no sólo no están en una situación de inestabilidad permanente, sino que además tienen un montón de limitaciones legales. No son sujeto de créditos y compiten dentro del mercado en condiciones de inferioridad enormes con el resto de las empresas. En ese sentido, la ley es potencialmente importante porque va a darles una cobertura legal que actualmente no tienen”, asegura el antropólogo Andrés Ruggeri, director del programa que llevó adelante el relevamiento que finalizó en octubre del año pasado.
Otro de los aspectos positivos que permitiría la nueva ley es el de bajar el alto grado de conflictividad que vienen sufriendo aquellos trabajadores que decidieron tomar en sus manos las empresas que fueron quebradas por sus patrones. De acuerdo al estudio de la Facultad de Filosofía, entre 2002 y 2004, el 60% de las empresas recuperadas fue objeto de alguna medida represiva. “En todos estos años hemos sido sometidos a represiones terribles de parte de la Policía, cumpliendo órdenes, nos desalojaban a la fuerza”, afirma Mario Barrios, presidente de la Unión Solidaria de Trabajadores (UST), un emprendimiento encargado del mantenimiento de áreas verdes y caminos y de la parquización e infraestructura en la localidad bonaerense de Villa Domínico. “Con esta ley, vamos a dejar de ser considerados usurpadores, como nos cataloga la actual. Nos permite ser parte del comité evaluador, controladores de la quiebra y de contar con herramientas que impidan el vaciamiento previo por parte de los antiguos patrones”, completa Barrios.
Lo que falta. Si bien la nueva ley solucionaría muchos de los escollos que deben sortear los trabajadores autogestionados, la situación está lejos de ser la ideal. “Las empresas recuperadas deberían ser consideradas como un sector cualitativamente diferente, tanto de las cooperativas tradicionales como de las empresas típicamente capitalistas”, analiza Ruggeri. “Hay que tener en cuenta que la empresa tradicional no parte desde una situación tan desfavorable, como sí les sucede a las recuperadas”, agrega.
Otro elemento que puede llegar a quedar pendiente es el acceso al crédito. Si bien con la nueva norma mejora sustantivamente la situación de las recuperadas, el problema sigue siendo de difícil solución. “Que podamos acceder a líneas de crédito dependerá mucho de las presentaciones de sustentabilidad que podamos presentar”, sostiene Barrios. “Por ahora, seguimos dependiendo de llegar a acuerdos con programas que ofrezcan los Ministerios de Trabajo o de Economía más que con los bancos tradicionales”, asegura.
Cambio de sistema. A pesar del contexto adverso en el que se ha desarrollado, el proceso de recuperación de fábricas por parte de los trabajadores muestra algunos fenómenos asombrosos. Por un lado, han demostrado ser sustentables en el tiempo. La tasa de supervivencia llega al 90% y sube si se incluyen a aquellas que buscaron otra forma de continuidad sin que sea la autogestión. Al eliminarse el excedente, la razón de ser de la empresa capitalista tradicional, los trabajadores autogestionados logran ingresos casi similares a los de sus pares asalariados y aumentar las fuentes de trabajo. “Nosotros siempre dijimos que queremos ganar lo mismo que se cobra en una empresa que hace el mismo trabajo que nosotros. Recién desde el mes pasado decidimos calificar por distintas tareas. Pero nuestro promedio de sueldo es de $ 5.000”, sostiene Barrios. Desde que la empresa pasó a autogestionarse, la planta de trabajadores pasó de 35 a 90 integrantes. Por su parte, Ruggeri señala que según el relevamiento que elaboraron desde la facultad, “el promedio de los ingresos es apenas inferior al de los que trabajan en las empresas tradicionales”.
También es relevante el trabajo comunitario que este tipo de emprendimientos llevan adelante. El de la UST posiblemente sea uno de los más emblemáticos pero no constituye un caso aislado. La empresa Syusa, perteneciente al grupo Techint y contratista de Ceamse, se retiró en el 2003 y para no perder los puestos de trabajo, sus trabajadores decidieron formar la actual cooperativa. Desde entonces, junto al funcionamiento de la empresa han venido desarrollando un enorme trabajo barrial, plasmado en la construcción de cien viviendas, la puesta en marcha de un bachillerato que brinda título oficial y que cuenta con 50 alumnos y la construcción de un polideportivo. Para financiar estas obras, los socios de las cooperativas destinan el 25% de sus ingresos y en asamblea deciden qué destino le dan a esos fondos. Otro 25% lo utilizan para incrementar el capital de la empresa con el objetivo de ampliar los puestos de trabajo. “Desde las primeras asambleas, tuvimos en claro que un proyecto de recuperación de la empresa y un trabajo gestionado de los trabajadores, difícilmente pueda desarrollarse si no hay un anclaje en lo territorial. Después de siete años de trabajo tenemos un gran orgullo de poder contar no solamente con la escuela y el polideportivo, sino también con el tipo de construcción social que se está dando en nuestro barrio”, afirma Barrios.
De acuerdo con lo que pudieron recabar Ruggeri y su equipo, el trabajo con la comunidad es un elemento casi constitutivo de las empresas recuperadas. “Hay un 30% de empresas que lo tienen como política explícita. Pero, además, muchos hacen este tipo de actividades casi sin darse cuenta. De las charlas con los trabajadores sale que hacen donaciones, que mantienen un comedor en el barrio, que forman pibes en las escuelas. Eso tiene que ver mucho con el origen de estas empresas. Es muy raro que cuando iniciaron el proceso de expropiación no hayan recibido el apoyo de la comunidad y eso impacta mucho”, remata.
Fuente: http://sur.elargentino.com/notas/de-usurpadores-autogestionados